La personera municipal de Santa Rosa de Cabal, Verónica Ríos, denunció públicamente haber sido víctima de amenazas directas en hechos ocurridos el pasado viernes dentro de su despacho oficial, situación que ya fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes y que actualmente es materia de investigación por parte de la Policía Nacional.

De acuerdo con el relato entregado por la funcionaria, un hombre llegó hasta las instalaciones de la Personería solicitando hablar personalmente con ella. Una vez tuvo contacto con la abogada, el sujeto le manifestó que “debía cuidarse” y que “se venían cosas malucas” en su contra, expresión que generó preocupación por el tono intimidante del mensaje.

La personera señaló que tras lo ocurrido interpuso de inmediato la respectiva denuncia ante las autoridades judiciales y expresó sentirse afectada emocionalmente por la situación. “Me siento muy triste por este tipo de amenazas”, manifestó la funcionaria, quien además indicó que este hecho no solo representa un ataque contra su integridad, sino también contra el ejercicio de la función pública y la defensa de los derechos ciudadanos.

Verónica Ríos también afirmó que algunas situaciones vividas desde su llegada al cargo podrían estar relacionadas con actos de rechazo por no ser oriunda de Santa Rosa de Cabal, situación que calificó como posible xenofobia. Sin embargo, resaltó que la mayoría de habitantes del municipio se caracterizan por ser personas respetuosas y trabajadoras, aunque lamentó que existan “desadaptados” que recurran a la intimidación.

Tras conocerse la denuncia, la Policía Nacional asumió el caso y, según se conoció, ya adelanta labores de verificación y recopilación de información que permita identificar plenamente al responsable de las amenazas. Asimismo, se solicitó fortalecer las medidas de seguridad y acompañamiento para la personera municipal, con el fin de prevenir cualquier situación que pueda poner en riesgo su integridad.

El caso ha generado reacciones de rechazo en diferentes sectores ciudadanos y jurídicos, que consideran grave cualquier amenaza contra funcionarios encargados de velar por los derechos humanos y la protección de la comunidad. Hasta el momento, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre el avance de las investigaciones.

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