El Consejo de Estado decidió suspender de forma provisional el decreto mediante el cual el Gobierno Nacional había fijado el salario mínimo para 2026, tras admitir varias demandas que cuestionan la validez del acto administrativo.
La medida fue adoptada como una decisión cautelar mientras el alto tribunal analiza más de 20 acciones judiciales en las que se señalan presuntas irregularidades técnicas en el proceso de expedición del decreto. El incremento definido por el Gobierno representaba un aumento cercano al 23,7 %, uno de los ajustes más significativos de los últimos años.
En su decisión, el tribunal ordenó al Ejecutivo expedir un nuevo decreto en un plazo máximo de ocho días, el cual deberá cumplir estrictamente los criterios legales establecidos para la fijación del salario mínimo, entre ellos variables como inflación, productividad y otros indicadores económicos contemplados en la normativa vigente.
La suspensión no constituye una decisión definitiva sobre la legalidad del aumento. El estudio de fondo continuará su curso hasta que el Consejo de Estado emita un fallo final. Mientras tanto, los pagos realizados bajo el decreto suspendido mantienen sus efectos jurídicos durante este período transitorio.